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EDITORIAL
SEPTIEMBRE, 2009
LA REFORMA POLÍTICA NECESARIA
LIC. GERMÁN R. MARTÍNEZ RAMOS
Es de todos conocida la crisis del sistema político mexicano. El sistema presidencialista que impera en México debido a casi un siglo de hegemonía de un partido de Estado llegó a un quiebre desde la segunda mitad de los años noventa, debido a la maduración de la semilla democrática de los años ochenta, gracias a los esfuerzos de varias fuerzas políticas de todas las geografías ideológicas.
El día de hoy, y a pesar de dicha maduración, continuamos trabajando con ese sistema a marchas forzadas, con un Poder Ejecutivo al que se le ha disminuido significativamente el campo de acción y, sobre todo, las facultades metaconstitucionales y omnipotentes que distinguían al viejo régimen (que hoy amenaza con regresar), en función del crecimiento de la influencia de las expresiones políticas de oposición y el despertar de un Poder Legislativo que se está dando cuenta de sus potencialidades, pero que todavía no alcanza, ni de lejos, la mayoría de edad, confundiendo su función suprema de control político y fiscalización, con el papel de bloqueador sistemático, ignorante (por la naturaleza de la gran mayoría de sus legisladores) y chantajista, que mantienen a México en la parálisis y el letargo; así, la mayoría de las voces de la opinión pública nacional, sobre todo desde la academia, los sectores intelectuales y los grupos más serios dentro de la política, son conscientes de la obvia inoperancia democrática y administrativa, y han solicitado y promovido en no pocas ocasiones un cambio de rumbo, a través de propuestas que le den aire y vitalidad al sistema y a la manera en que se maneja la cosa pública en México.
En este sentido, la verdad es que la reciente Iniciativa del Presidente Calderón, denominada mediáticamente “Reforma Política”, recoge la gran mayoría de estas propuestas y las presenta al Congreso de la Unión, en el ánimo de entrar en la discusión, pero sobre todo en la adopción de las medidas necesarias para eficientar la fluidez política y administrativa que necesita el país. La elección consecutiva de alcaldes, así como de legisladores federales con periodos límite de 12 años, representa una actualización mayúscula del sistema democrático al salir del hermetismo internacional (ya que sólo México y Costa Rica no la permiten) y disfrutar de la profesionalización y la especialización de los cuadros legislativos y municipalistas, además de la continuidad de las políticas públicas y la rendición de cuentas; la reducción del número de integrantes del Congreso (particularmente los plurinominales, figura que ya no corresponde a la actualidad nacional), es un anhelo de la sociedad civil que ve en 500 legisladores un universo de desperdicio y dispendio de recursos públicos y un impedimento para la concreción de acuerdos trascendentes; el aumento del mínimo de votos necesarios para la supervivencia para que un partido político conserve su registro, es un reclamo nacional ante el cinismo de quienes hacen de los partidos “chiquitos” feudos muy lucrativos de caciques pusilánimes que no aportan nada al desarrollo nacional.
Por su parte la figura de la iniciativa ciudadana para que las personas puedan proponer iniciativas de ley sobre temas de su interés que no se encuentren en la agenda legislativa, siempre ha estado en el colectivo político, sobre todo en los espacios de izquierda que reclaman (incluso tratándose de adjudicar la paternidad sobre el tema) el cauce a la participación ciudadana en los asuntos públicos; la figura de las candidaturas independientes, es quizá el punto más controvertible, sin embargo, es un pendiente que el Estado de Derecho tiene con la sociedad, a nivel constitucional para todos los cargos de elección popular.
Por su parte la segunda vuelta electoral, tan temida por los grupúsculos de izquierda y la chiquillada, ante la certeza de su incapacidad de aglutinar un conglomerado significativo y serio de la sociedad civil, representa de igual modo un pendiente urgente para el sistema democrático mexicano, de manera que se acabe la simulación demagógica y los conflictos de legitimidad, así como la especulación electorera y el carácter mercenario del comportamiento partidista.
Finalmente, es totalmente lógico y sano que la Suprema Corte pueda enviar Iniciativas de ley en el ámbito de su competencia, ya que quién mejor que el propio Poder Judicial para saber qué modificaciones hacen falta al marco normativo para su mejor operatividad; asimismo, es de todos conocido que la parálisis parlamentaria en la que nuestros “legisladores” tienen al Congreso, hace que varios temas de suma importancia permanezcan simplemente detenidos, mientras 500 analfabetas con humos de grandeza se regodean en discusiones bizantinas y calculan sus créditos políticos, de manera que el Presidente sí debería poder pedirles que por lo menos en todo el año dictaminen dos temas preferentes que le interesen al país.
En síntesis y en buen sentido común (que es el menos común de los sentidos, sobre todo en nuestros políticos), vista sin ningún tipo de predisposición nacida de la ignorancia o del resentimiento electoral o partidista, debemos de reconocer que la propuesta de Calderón, que además ha sido propuesta de varios intelectuales mexicanos durante años, es una inyección de modernidad democrática que a este país le urge. Esperemos que nuestros diputados y senadores sepan leer el sentir de la nación cultivada y civilizada, más allá de sus narices.
Lic. Germán R. Martínez Ramos:
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y candidato a Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán CIDEM.